Carta a Ministros de Comercio OMC, Junio 2006

Due date: 
26 June, 2006
Delivery date: 
26 May, 2009

PARA:             Ministros de Comercio ante la OMC

COPIAS A:     Pascal Lamy, Director General y Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales
                        Embajador Falconer, Presidente del Comité de Agricultura, Sesión Especial
                        Embajador Stephenson, Presidente del Grupo de Negociación sobre Acceso al Mercado

 

Fecha: 26 de junio de 2006

Asunto:       Sistema multilateral de comercio: es tiempo de adoptar un nuevo enfoque

Estimado Ministro de Comercio,

Como integrantes de la sociedad civil provenientes de todas partes del mundo, estamos consternados por la dirección que han tomado las actuales negociaciones de la OMC. Inauguradas en 2001 como la “Ronda de Desarrollo”, las negociaciones actuales excluyen hoy en día cualquier posibilidad de beneficiar a la mayoría de la población del mundo, especialmente a los pueblos de los países en desarrollo empobrecidos. Por el contrario, muchas de las propuestas que se están discutiendo restringirán radicalmente las opciones de los países en desarrollo en materia de políticas nacionales. Las propuestas de los países en desarrollo tendientes a recuperar algo de ese espacio político son rechazadas insistentemente por las grandes potencias, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea. En lugar de aportar a la construcción de un sistema multilateral de comercio que garantice los derechos humanos y promueva un crecimiento económico sustentable, y que asegure el acceso a empleo digno al tiempo que cuida y protege nuestro medioambiente compartido, las negociaciones actuales están encaminadas resueltamente a limitar dramáticamente este programa vital.

Los intentos de EEUU, la UE y el director general de la OMC Pascal Lamy de presentar el Programa de Doha como un esfuerzo multilateral de fomento al desarrollo son completamente hipócritas, y chocan tanto con los once años de experiencia que ya han sufrido los países con los acuerdos de la Ronda Uruguay que dio nacimiento a la OMC, como con las proyecciones recientes de instituciones independientes sobre los impactos que tendrá este Programa en los países en desarrollo. Pretender imponer la finalización de un programa tal mediante una reunión mini-Ministerial en la que la mayoría de los miembros de la OMC no estarán representados, sólo servirá para desprestigiar aún más la legitimidad de la OMC.

Nos dirigimos a ustedes con tres demandas básicas:

  1. Cuestionen la legitimidad de la mini-Ministerial de junio y retírenle su apoyo. En cumplimiento de una regla básica de la democracia y por respeto a los procedimientos y el mandato de la OMC, cualquier reunión Ministerial convocada por la Secretaría de la OMC debe permitir la participación efectiva de todos los Ministros.
  2. Rechacen cualquier intento del director general Pascal Lamy de redactar su propio texto de negociación para someterlo a la consideración de los Ministros.
  3. Comiencen a aplicar un nuevo enfoque del sistema multilateral de comercio ahora. El Programa de Doha debe ser enterrado. Las nuevas reglas deben enfocarse en políticas que promuevan los derechos humanos y un desarrollo ecológicamente sustentable centrado en la gente.

Los motivos de nuestros reclamos están esbozados enseguida. Hay una serie de informes económicos del Banco Mundial, la ONU y varios centros de estudios estratégicos, entre ellos el Carnegie Endowment for International Peace, que hacen proyecciones sobre los resultados de la Ronda de Doha y cuantifican sus costos. Esos análisis anticipan que la mayor parte de las ganancias que se supone generarán las propuestas vigentes según el Programa de Doha serán cosechadas por los países desarrollados. Las ganancias restantes se distribuyen entre un puñado de exportadores de países en desarrollo de ingresos medios. Se estima que la mayoría de la población de los países del África, otros Países Menos Adelantados y muchos otros países en desarrollo saldrá perdiendo. Según el Carnegie Endowment for Internacional Peace, “Bangladesh, África oriental y el resto del África sub-Sahariana se verán afectados adversamente en cualquiera de los escenarios que se han proyectado del Programa de Doha, más allá que el nivel de ambición sea bajo o alto”. Es decir, más allá de que los recortes arancelarios en agricultura y sectores industriales sean mayores o menores, los países pobres de todas formas perderán. Incluso el Estudio de Impacto de Sustentabilidad de la propia Comisión Europea concluye que en los países más pobres, tales como “en el África sub-Sahariana por ejemplo, la pobreza quizás se agudice ya que llevan las de perder económicamente con la liberalización del comercio y enfrentan severas limitaciones de oferta”. Es inadmisible que estos sean los resultados de las negociaciones multilaterales.

Hay problemas graves en todas las tres áreas centrales de la negociación: agricultura, acceso al mercado no-agrícola (AMNA) y servicios. Muchos países en desarrollo accedieron a emprender nuevas negociaciones en la OMC para corregir los desequilibrios del Acuerdo sobre la Agricultura. Pero en lugar de utilizar la revisión del acuerdo agrícola para abordar y resolver las necesidades de sustento y supervivencia de los cientos de millones de campesinos y campesinas y agricultores familiares del mundo entero, las negociaciones agrícolas se han enfocado a ampliar los mercados mundiales para los exportadores de los países desarrollados y en menor grado de los países en desarrollo. A pesar que la promesa de la Ronda Uruguay de mayor acceso al mercado de los países desarrollados para algunos países en desarrollo sigue sin cumplirse, ya sabemos que el ingreso incontrolado de productos agropecuarios al mercado interno de los países en desarrollo está teniendo efectos devastadores para las formas de sustento locales. Dondequiera que se han cumplido esas promesas de acceso al mercado (incluso en países en desarrollo de ingresos medios, agroexportadores netos), los beneficios económicos no le han llegado a la mayoría de la población, entre esa a los campesinos y campesinas, los pequeños agricultores familiares y los trabajadores y trabajadoras agrícolas que se han visto expulsados de sus tierras y el mercado (incluso el mercado interno) por la expansión del agronegocio exportador que se beneficia del acceso al mercado de los países desarrollados.

Mientras esto ocurre, hay problemas acuciantes del comercio agropecuario que no se abordan en las negociaciones. El dumping de exportaciones agropecuarias desde Estados Unidos y la Unión Europea continúa, empujando a la baja los precios mundiales de los productos y cultivos como el algodón, maíz, arroz, las aves de corral, los lácteos y el azúcar de los que dependen los pobres. Las simulaciones realizadas por miembros de la OMC ya ilustran que las ofertas actuales en materia de subsidios que han presentado estas grandes potencias, en realidad no modifican en nada los niveles corrientes de ayuda. Asimismo, mientras que las empresas estatales de comercio cuyas actividades distorsionan el mercado son objeto de escrutinio estricto, el poder mucho mayor de un reducido número de empresas de agronegocios en algunos mercados de productos básicos pasa desapercibido y sin restricciones. Por otra parte, la propuesta del G33 sobre Productos Especiales y Medidas de Salvaguardia Especial –apoyada por una alianza amplia de más de 100 países miembros de la OMC, y construida en base a una serie de criterios acordados para salvaguardar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y los medios de vida de los campesinos pobres y definir mecanismos apropiados para que los países en desarrollo puedan proteger a sus sectores agropecuarios de aquellas distorsiones del mercado—está enfrentándose a  la oposición tenaz de las grandes potencias.

Una propuesta reciente del Grupo Africano (una alianza de 41 países del África) relativa al manejo del comercio de productos agrícolas básicos (commodities) ofrece soluciones para abordar la crisis de la agricultura en el marco de las normas de comercio multilateral. La propuesta hace énfasis en la necesidad de garantizar precios estables, equitativos y rentables para los productores de commodities, y la necesidad de enfrentar el problema de los excedentes estructurales en los mercados de productos básicos, con medidas que incluyen impuestos a las exportaciones y otras restricciones a las exportaciones con el propósito de promover el desarrollo. La propuesta africana es una de las pocas iniciativas serias que intenta dar cumplimiento a la promesa original del Programa de Doha como contribución positiva al desarrollo.

En las negociaciones del AMNA sobre recursos naturales (o materias primas) y aranceles industriales, los recortes arancelarios propuestos por los países desarrollados tendrán efectos perjudiciales de largo plazo para la industria y el medioambiente de los países en desarrollo. Dado que los aranceles consolidados de los países en desarrollo son significativamente más elevados que aquellos de los países desarrollados, el efecto de las propuestas que se están discutiendo ahora significaría recortes porcentuales mucho más altos para los aranceles de los países en desarrollo que para aquellos de los países desarrollados –contradiciendo directamente el mandato de negociación que estipula la reciprocidad menos que plena de los compromisos de reducción de los países en desarrollo. El Congreso de Organizaciones Sindicales de Sudáfrica (COSATU) alerta que esas propuestas podrían llevar a los países a “una severa desindustrialización”, transformándolos simplemente en productores de materias primas y condenándolos a la pérdida de fuentes de trabajo y riqueza que implica prescindir de actividades industriales generadoras de valor agregado.

Los temores de COSATU encuentran sustento asimismo en los informes del Carnegie, que concluyen que los países y regiones en desarrollo más pobres –Bangladesh y el África oriental y sub-Sahariana—“en realidad perderán mano de obra no calificada en las industrias manufactureras”, así como “cuotas del mercado de alguno o todos los productos manufacturados”. Como si estas pérdidas no fuesen suficientemente duras, estos países también perderán un total de US$ 63.400 millones tan sólo en el sector industrial por concepto de ingresos fiscales arancelarios drásticamente recortados –diez veces más que el total de ganancias que le brindaría la Ronda de Doha a los países en desarrollo (US$ 6.700 millones).

Sumada a la desindustrialización, la liberalización drástica o completa de los aranceles para los recursos naturales que está propuesta en el marco de las negociaciones sobre el AMNA (que incluyen la pesca, los bosques y los recursos minerales), podría asimismo empujar a los países a una mayor dependencia en la exportación de productos básicos. La mayoría de las exportaciones de materias primas generan ganancias relativamente pequeñas. Destinar recursos naturales a la exportación también se asocia a graves efectos económicos adversos para las comunidades pobres directamente dependientes de esos recursos para su sustento. Por ejemplo, hay 350 millones de personas que viven dentro o en las proximidades de bosques y selvas espesos y que dependen de éstos para sostenerse o como fuente de ingresos, y 60 millones de indígenas dependen directamente de los recursos del bosque para satisfacer todas sus necesidades –de alimento y combustible, medicamentos y materiales. Cerca de 30 millones de personas están empleadas directamente en la pesca artesanal de pequeña escala. Todas estas formas de sustento corren riesgo de desaparecer debido a las iniciativas de apropiación de los recursos naturales para destinarlos a la exportación.

La tercer esfera principal de las negociaciones –los servicios—también está enfocada contra el desarrollo. Los países desarrollados siguen presionando sin descanso a los países en desarrollo para que abran y liberalicen sus mercados de servicios. Los solicitantes en estas negociaciones están exhortando a los países a eliminar las restricciones de acceso al mercado para las empresas extranjeras, y a que se desregule el sector nacional de servicios de manera tal que se le permita a las empresas extranjeras operar sin restricciones en los mercados nacionales. Sin embargo, la mayor parte de las experiencias de liberalización de los servicios en países en desarrollo –en agua, energía, salud y educación, pero también en el sector financiero o en los servicios de distribución minorista—han sido hasta la fecha negativas. Específicamente, el acceso público a los servicios privatizados –especialmente de los segmentos más pobres de la población—se ve recortado, al tiempo que la calidad de los servicios se ve comprometida y decae el empleo local.

A pesar de estas experiencias, los países desarrollados siguen presionando por una mayor liberalización de los servicios en el marco del AGCS. También nos preocupa que algunos países en desarrollo que han sido blanco de solicitudes en servicios hayan indicado que consolidarán algunos de sus sectores de servicios que ya habían liberalizado por fuera del marco de la OMC. Nos oponemos firmemente a esa postura, no sólo porque eso restringirá el espacio político de los gobiernos para reglamentar en el futuro sus sectores de servicios, sino porque tales ofertas se hacen a cambio de lo que en realidad son promesas vacías de los países desarrollados en materia de agricultura.

Para apaciguar a los países en desarrollo, el mundo desarrollado está proponiendo un mecanismo de “Ayuda para el Comercio” para que aquellos puedan hacerle frente a los “costos de ajuste”, tales como el crecimiento del desempleo al corto plazo y la destrucción de algunos sectores industriales (por ejemplo aquellos que se desarrollaron al amparo de sistemas preferenciales). Nos oponemos categóricamente al actual mecanismo de “Ayuda para el Comercio”, cuyo contenido y cronograma estarán condicionados a la acogida forzosa de los beneficiarios a la liberalización impuesta por el Programa de Doha. Este trueque es absurdo: no se puede comprar con dinero el espacio político perdido; y ni siquiera se están ofreciendo nuevos fondos. La propuesta de los donantes supone simplemente la reestructuración de los compromisos de ayuda ya existentes, destinando aún más dinero a la facilitación del comercio.

El actual paquete de Doha es una mala transacción que sólo beneficia a las empresas más poderosas de todo el mundo, especialmente a aquellas con  sede en el mundo desarrollado. Su enfoque no da respuesta a una serie de prioridades públicamente reconocidas para las políticas públicas en materia de comercio, tales como el pleno empleo en condiciones dignas, el manejo sustentable de nuestros recursos naturales, la generación de capital interno para construir círculos económicos virtuosos en los países pobres, la necesidad de frenar y eliminar el dumping de productos agrícolas básicos que se venden en el mercado mundial a precios por debajo del costo de producción, las distorsiones del mercado generadas por el poder monopólico y oligopólico que ejerce un reducido número de empresas en muchos sectores de la economía mundial (entre ellos la banca, la exportación de alimentos y productos básicos, el procesamiento y la distribución, y el petróleo).

Ahora es el momento de empezar con un nuevo enfoque del sistema multilateral de comercio. La Ronda de Doha debe ser sepultada, y el primer paso debe ser restarle apoyo y cuestionar la legitimidad de la reunión mini-Ministerial de junio, abriéndole paso a nuevas reglas cuyo foco sean políticas que promuevan los derechos humanos y un desarrollo ecológicamente sustentable centrado en la gente.