Blog de Javier Echaide

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Este es un blog de opinión dedicado a temas internacionales, aunque no exclusivamente. Sírvanse de él citando siempre la fuente. Esperamos les resulte de interés.
Updated: 18 hours 46 min ago

Entrevista a Javier Echaide. Tema: Tratados Bilaterales de Inversión

13 December, 2014 - 12:47
Entrevista que me realizaran la semana pasada en la TV ecuatoriana -Canal CN Plus- sobre los TBI y la auditoría que se est´realizando en Ecuador sobre este tema (12min).

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Saga buitres: sobre demandas y resoluciones internacionales y domicilios de pago locales

9 September, 2014 - 19:01
El tema de los "fondos buitres" sigue dando tela para cortar. Haciendo una sucinta recopilación, los hechos más importantes ocurridos desde el mes de junio fueron:

- El pago por parte de la Argentina de la cuota a vencer a los acreedores reestructurados; la "retención" (y no embargo) de dichos fondos en manos de terceros (los fondos fiduciarios constituidos en instituciones bancarias de los EE.UU.) por parte de una decisión judicial tomada por el magistrado de primera instancia en Nueva York Thomas Griesa;
- Las protestas cruzadas contra dicha decisión por parte de acreedores, el gobierno argentino, los holdouts, etc.;
- Las repetidas amenazas de desacato de Griesa a la Argentina por la falta de cumplimiento de su sentencia;
- Las adhesiones a la situación de Argentina en variados foros internacionales, pero ninguno de ellos vinculantes para el caso concreto;
- Presentaciones realizadas ante instancias regionales en materia de DDHH (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH, de la OEA);
- Las apelaciones efectuadas por holdins a fin de saber si ellos se ven alcanzados o no por la sentencia de Griesa aún como tenedores de bonos bajo jurisdicción ajena a Nueva York;
- La presentación de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU contra los EE.UU. por responsabilidad internacional;
- La adopción de la Resolución 68/304 por la Asamblea General de la ONU que aprobó la elaboración de un marco regulatorio internacional para los procesos de reestructuración de deuda soberana de los Estados;
- Las declaraciones de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner por Cadena Nacional el 19 de agosto pasado;
- Y la sanción de una ley interna por parte de Argentina que cambia e domicilio de pago a los bonos con cuotas próximas a vencer.

¿Significará todo esto una victoria o una derrota del Estado argentino en su puja contra los "fondos buitres"?

En lo concreto, es decir, en el caso abierto ante el juzgado de Thomas Griesa, todos los eventos mencionados difícilmente tendrán algún efecto sobre las decisiones ya tomadas. Luego de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de rechazar el pedido de Argentina y no tomar el caso, la sentencia de Griesa tiene el valor de haber quedado firme y se encuentra en etapa de ejecución de las medidas cautelares oportunamente solicitadas por los demandantes (los "fondos buitres" NML Capital, Elliott, Aurelius, etc.).

Argentina ha sabido moverse en el terreno político regional e internacional sumando adhesiones. Pero en algún punto debe reconocerse que esta estrategia llega tarde: distinto hubiera sido el peso político de toda esta solidaridad hace al menos dos años, previo al dictado de la sentencia de Griesa que ahora Argentina intenta amortiguar en sus efectos.

No obstante, las reacciones políticas sobre estos hechos no dejan de ser útiles. El caso argentino se exhibe como un caso testigo de lo que los fondos especulativos pueden hacer en su libre accionar dentro del sistema financiero internacional, y enhorabuena resulta que los Estados en general presten considerable atención al caso a fin de poner riendas sobre este tipo de cuestiones, sancionando normas internacionales que limiten la virtual impunidad con la que los capitales especulativos se desenvuelven en los mercados financieros globales.

La resolución de la ONU

En este marco, la Resolución 68/304 aprobada por la Asamblea General de la ONU hoy, 9 de septiembre de 2014, y presentada por Bolivia como actual Presidente del G-77 + China, aprueba el tratamiento y elaboración de una norma internacional que regule los casos de reestructuración de deuda soberana para antes de que finalice el corriente año.

De las adhesiones políticas ocurridas entendemos que ésta es la más importante, ya que es la única iniciativa que tendrá un alcance que vaya más allá de las declaraciones de solidaridad y los gestos de apoyo pero sin que éstos se traduzcan en acciones y medidas concretas. La Resolución -aún cuando no ha de ser vinculante para los Estados- es la única medida con algún tipo de alcance jurídico que sirva de referencia para la formación de una costumbre internacional -que en cambio sí ha de ser obligatoria- o que pueda ser tomada en cuenta como fuente de sentencias internacionales en la materia. Es decir que lo que resulte de esta elaboración puesta en agenda a partir de la 68/304 será la primera pauta formulada por los únicos sujetos internacionales con el peso jurídico y político suiciente como para poder formular una norma jurídica que comience a regular a nivel internacional en materia de deuda soberana.

Nuevas normas bancarias

Pero eso no significa que sea lo único. En el ámbito privado, los principales bancos a nivel internacional y que son tenedores de deudas soberanas de Estados elaboraron un nuevo código de prácticas bancarias en materia de deuda que prevé evitar casos como el de Argentina. Estas nuevas normas contemplan mayorías de entre un 70% y un 75% para el logro de acuerdos a fin de que el 1% de los acreedores que no acordaron no ponga en jaque el total de la reestructuración de una deuda con amplísima mayoría acordada, tal como ocurre con el caso argentino. Sin embargo, este nuevo "código" privado solamente regirá para casos futuros y no tendrá alcance retroactivo, por lo que no beneficiará la situación de Argentina ante los "fondos buitres".

La Cadena Nacional de Cristina y la nueva ley de "pago soberano"

Cristina emitió un mensaje de 44min por Cadena Nacional el día 19 de agosto a fin de comunicar algo simple: el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago de los bonos en el exterior por domicilio en Buenos Aires. En términos jurídicos, el mensaje aportó muy poco: nada que no hubiera podido ser aportado por la exposición de motivos de la ley antedicha. Evidentemente se trató de un mensaje con motivos políticos más que legales.

En lo político, el mensaje mostró lo que la propia Cristina en un momento dejó entrever: impotencia. La que se siente cuando se sostiene algo entendiendo que es lo justo y que sin embargo no por ello gana la partida. Es que Argentina cometió una serie de torpezas, errores y decisiones que no la han llevado a buen puerto, algunos de ellos tomados por gobiernos anteriores, otros por este.

La decisión de no auditar la deuda tras la crisis de 2001-2002 fue una decisión del gobierno de Néstor Kircher que la actual administración (del mismo signo político y partidario) continuó hasta hoy. Las consecuencias se sienten y de la manera más dura. El hecho de que siga durmiendo el sueño de los justos la sentencia dictada por el Juez Ballesteros en el año 2000 en la causa "Olmos, Alejandro c/ Martínez de Hoz s/ Denuncia" y que originó una exhaustiva investigación de la deuda contraída por la Dictadura Militar de 1976, es un hecho de profunda gravedad política e institucional, ya que podría aportar fuertes elementos de prueba para una renegociación que en gran parte se realizó en 2005 y 2010 con la conocida reestructuración pero sin haber considerado estos elementos probados judicialmente.

Las declaraciones presidenciales a veces rozaron un nuevo pedido que, sin llegar a la súplica, insistía en pretender lograr un entendimiento que no se logró hace dos años atrás y que hoy, con sentencia firme en favor de los "buitres", es difícil que se logre.



El caso argentino es evidente: más de 1.000% de rentabilidad; un 1% de bonistas ponen en riesgo un 90% de acuerdo; fondos que se dedican al pleito judicial sin negociación con el objetivo de hacer quebrar las economías públicas; etc. etc. Nadie puede quitar la validez del reclamo de Argentina. Pero la cesión de soberanía dada en el reconocimiento de la jurisdicción norteamericana en los bonos del Megacanje (efectuados por el gobierno de Fernando De La Rúa) significó asumir un riesgo jurídico de beneficiar a los acreedores a costa de los deudores (es decir el pueblo argentino) bajo la mentada frase de otorgar "seguridad jurídica" a aquel cambio de bonos, pero cuyas consecuencias son palpables hoy.

La prórroga de jurisdicción es un riesgo que solamente puede asumirse en regímenes jurídicos cuyos intereses protegidos sean superiores a las dadas por las simples normas dispositivas del derecho internacional. Y nos referimos a las normas de ius cogens o a las obligaciones erga omnes en el derecho internacional. Es lo único a lo que los Estados deben declararse sometidos: normas imperativas, objetivas, como los derechos humanos, y cuyo cumplimiento y observancia vaya más allá de la reciprocidad y el voluntarismo individual de los Estados.

Las cuestiones económicas como la deuda soberana, la política de inversiones, las cuestiones comerciales, si son "entregadas" a las jurisdicciones extranjeras solamente han de favorecer los intereses velados de forma asimétrica en las normas a las que se apela.

En este sentido, la ley aprobada por el Congreso y con el nombre de "pago soberano", no modifica lo sustancial que es la entrega dada de la jurisdicción. Sí efectúa una medida necesaria para evitar posibles efectos inmediatos como los embargos: el cambio en el domicilio de pago. Pero esa medida, aún cuando es sancionada por una ley y aún cuando ésta lleva el presuntuoso nombre de "soberana", requiere de un cambio que debe ser consentido por los acreedores: el nuevo domicilio de pago implica un canje de bonos que solamente será posible si cada acreedor así lo quiere.




Ello supone un nuevo riesgo que no quiso asumir y que fue razón para que esta ley no fuera sancionada hace por lo menos dos meses atrás: nuevos holdouts, o sea, nuevos tenedores de bonos que no desearan hacer este nuevo canje con nuevo domicilio y que quedaran fuera del posible pago, es decir dentro de un default. Aprobada ahora la nueva norma interna, se han manifestado posiciones a favor y en contra por parte de los tenedores de bonos, lo que significa que la medida atenderá parcialmente el problema: evitará los embargos de Griesa y rescatará deuda, pero siempre que quien tenga el bono a rescatar desee ser rescatado...

La necesidad de una auditoría de la deuda

La nueva ley también aborda un viejo reclamo: la auditoría de la deuda. La norma establece la conformación de una Comisión Bicameral que se encargará de este proceso. El tema es demasiado grande como para que quede a manos de una sola cámara o en una sola fuerza política: es necesaria la representación de toda la sociedad en un proceso de auditoría que involucre (y represente) a lo más amplio de los sectores de la sociedad, especialmente a los sectores más afectados que son quienes soportan en mayor proporción las consecuencias del pago.

Es una medida absolutamente necesaria, pues todavía hay pagos sin efectuar sobre una deuda que jamás se ha auditado, con procesos de reestructuración que se fueron sucediendo y que nunca contaron con una revisión del congreso de la Nación como marca el Art. 75 Inc. 4 y 7 de la constitución Nacional, violentados reiteradamente en virtud de delegaciones legislativas prorrogadas automática y sistemáticamente por leyes de "emergencia económica" aún en momento en donde el crecimiento de nuestro PIB alcanzaba -y con nuestra jactancia- récords mundiales de 8% y 9%.

Tan solo resta ver cómo se copondrá la Comisión Bicameral y con quiénes. Sería saludable la incorporación de algún mecanismo de participación social, pues existen sectores y movimientos sociales históricamente ivolucrados en el seguimiento del tema del endeudamiento y que sin dudas es un acervo intelectual que considerar para tamaña investigación, aparte de otorgarle una mayor legitimidad al proceso de la auditoría.
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