Blog de Javier Echaide

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A 50 años del "No de Tokio"

4 March, 2015 - 15:10
Cuando 21 países se opusieron a que el BM crea un organismo de arreglo de diferencias inversionistas-EstadosRecordando el “No de Tokio” cincuenta años despuésRobin Broad


Hace cincuenta años, durante la reunión anual de 1964 del Banco Mundial en Tokio, los gobiernos de veintiún países en desarrollo votaron en contra de la creación de una nueva sección del Grupo del Banco Mundial a través de la cual corporaciones extranjeras podrían llevar a juicio a gobiernos y eludir sus sistemas de justicia nacionales. Esta nueva sección del Banco Mundial se llamaría el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los veintiún gobiernos incluían a los diecinueve países latinoamericanos presentes, así como a Filipinas e Iraq. [1]El histórico voto fue apodado el “No de Tokio”. [2]  Puede haber sido el voto colectivo más grande en la historia en contra de una iniciativa del Banco Mundial. Y tal vez la única vez que todos los representantes de América Latina votaron “no”.Así que escribo en parte para celebrar que el “No de Tokio” cumple cincuenta años. Pero también escribo porque es hora de reconocer que la historia ha demostrado lo justificado de ese voto de 1964.¿Cuáles fueron los veintiún países que votaron “no”? Permítanme citar al entonces representante de Chile, Félix Ruiz, quien habló en nombre de los países latinoamericanos:“Los sistemas jurídicos y constitucionales de todos los países de América Latina, miembros del Banco, brindan actualmente al inversionista extranjero iguales derechos y protección que al nacional; prohíben la confiscación y la discriminación y establecen que toda expropiación por causa justificada de utilidad pública debe ir acompañada de justa indemnización, determinada, en última instancia,por los tribunales de justicia. El nuevo sistema sugerido daría a un inversionista privado, por la circunstancia de ser extranjero, derecho a reclamar contra un Estado soberano fuera del territorio nacional, prescindiendo de los tribunales nacionales. Esta disposición es contraria a las normas jurídicas tradicionales de nuestros países y, de hecho, establecería un privilegio a favor del inversionista extranjero colocando al nacional en una situación de inferioridad.”[3]En suma, el nuevo sistema era tanto innecesario como injusto.El CIADI siguió avanzando, a pesar de los votos negativos. Cabe señalar que Brasil nunca se sumó, y de hecho no ha aceptado el sistema en ninguna ocasión.Quienes siguen de cerca a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su mecanismo para resolver disputas tal vez perciban la ironía: una de las reglas fundamentales del avance neoliberal actual hacia una “ultra-globalización”, tal como establece la OMC, es que las regulaciones nacionales deben tratar del mismo modo a inversionistas locales y extranjeros. La ironía, por supuesto, es que la existencia del CIADI parece sugerir que los defensores de la ultra-globalización no consideran problemático que los inversionistas extranjeros reciban un tratamiento privilegiado.A la luz del historial del CIADI durante las décadas siguientes, las críticas al “No de Tokio” fueron proféticas. El CIADI pasó a ocupar el centro de la escena con el auge de los tratados neoliberales de comercio, tanto bilaterales como multilaterales, que empezaron a reproducirse a partir de la década de los años 80. Cuarenta años después de que el primer caso fuese presentado ante el CIADI, en 1978, se han sumado otros 48 sólo durante el 2012.Al mismo ritmo en que se ha multiplicado el número de casos presentados ante el CIADI, se han multiplicado las críticas –en particular por parte de Estados soberanos, pero también cada vez más por parte de abogados especialistas en comercio. Los argumentos son que las reglas del CIADI, en primer lugar, están cada vez más orientadas a favorecer a los inversionistas por sobre el Estado (¿les suena familiar?)  y, en segundo lugar, que son demasiado estrechas en su enfoque en derechos “comerciales” (esto es, el inversor privado extranjero), en vez de cubrir también cuestiones “no comerciales” más amplias. Por ejemplo, ¿no debería un gobierno tener derecho a proteger una cuenca de agua de los efectos destructivos de la extracción de oro? ¿No debería ese gobierno, de hecho, ser recompensado en vez de enjuiciado por el CIADI? [4] ¿Y por qué debería poder el inversor, en tanto que actor no estatal, llevar a juicio al gobierno, mientras que otros actores presumiblemente no estatales como las comunidades afectadas no están siquiera autorizadas a escuchar las presentaciones muchas veces secretas ante el CIADI? (Es cierto: las comunidades pueden presentar testimonio como amicus curiae –si es que encuentran un abogado dispuesto a redactar una a nombre de ellos–. Pero no hay ninguna seguridad de que esos testimonios sean leídos por los abogados  certificados por el Banco Mundial que se ocupan de los casos particulares.)El destacado abogado de comercio George Kahale III causó revuelo recientemente al declarar de manera pública que los tribunales del CIADI, ante los cuales se había presentado algunas veces, son cada vez más parciales en pos de favorecer a los inversionistas extranjeros. Y dado que el CIADI no falla de acuerdo a precedentes legales ni permite apelaciones basadas en revisiones judiciales, no hay forma de corregir dichos fallos.De hecho, al expandirse la cantidad de casos considerados por el CIADI, las críticas verbales han empezado a verse acompañadas por  acciones. Bolivia, Ecuador y Venezuela –todos partes de aquel “No de Tokio” – han abandonado el CIADI;  Sudáfrica está en proceso de establecer una nueva ley de inversiones que permita a las corporaciones extranjeras presentar sus reclamos sólo a las cortes nacionales; Indiaestá llevando a cabo una revisión de sus tratados a la luz de varios juicios de corporaciones;  Indonesia ha anunciado su voluntad de no renovar sus acuerdos bilaterales de inversión;  Australia decidió no incluir estos derechos corporativos en su tratado de libre comercio de 2005 con Estados Unidos. Documentos filtrados de manera reciente sugieren que varios de estos países están intentando al menos reducir los derechos de los inversionistas (y, así, el poder del CIADI) en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Lo mismo puede decirse de países de la Unión Europea—y de manera notoria Francia y Alemania–, que están expresando preocupación por este tipo de normas.Pero, un momento: ¿no se derrumbará la economía global sin estos derechos de los inversionistas y su órgano principal, el CIADI? ¿No desaparecerán las inversiones extranjeras? Bueno, en realidad no. Un caso ilustrativo es Brasil, uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera pero también un país que nunca ha aceptado esta clase de normas. Puede hacerse una afirmación más amplia: si los inversionistas extranjeros consideran que están por hacer una jugada riesgosa pueden simplemente recurrir a las empresas de seguros de riesgo. Y, como los inversionistas locales, tienen la posibilidad de recurrir a las cortes nacionales que correspondan.Decir “No” al CIADI es cada vez más urgente. Si el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión son aprobados, tal como espera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el número de casos presentados ante el CIADI seguirá aumentando. Y podemos esperar aún más acciones por parte de los inversores, propensos a demandar a gobiernos no sólo por expropiaciones directas (el propósito original del CIADI) sino también por formas “indirectas” de expropiación como las regulaciones ambientales o sociales que puedan reducir sus futuros márgenes de ganancia.Así que aquí va un llamado a los veintiún países que con toda razón dijeron “No” en Tokio hace cincuenta años. Celebremos este aniversario exigiendo a los actuales gobiernos que se retiren del CIADI  pues pone en riesgo la democracia, la justicia y el bien común.Para tomar prestado un slogan que viene al caso: Cincuenta años son suficientes.(Traducción de Víctor Goldgel)- Robin Broad es Profesora en Desarrollo Internacional en la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, D.C.Notas[1] Los países que votaron “no” fueron los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Iraq, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Uruguay y Venezuela. Fuente: Antonio R. Parra, The History of ICSID (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 66-67.  [2] Ver Andreas F. Lowenfeld “The ICSID Convention: Origins and Transformation” Georgia Journal of International and Comparative Law, (2009) 38, pp.47-62; y Fiezzoni, Silvia “The Challenge of UNASUR Member Countries to Replace ICSID Arbitration,” Beijing Law Review, (2011) 2, pp. 134-144.[3] Extracto de la declaración de Felix Ruiz, Gobernador por Chile, el 9 de septiembre de 1964  en Tokio, citado en: Parra, Antonio R. The History of ICSID, Oxford: Oxford University Press, 2012, p.67.  . Ver también pp. 66-68. Versión en español: http://bit.ly/1BuJkAb[4] Este no es un ejemplo hipotético. Ver los documentos relativos al caso del CIADI Pac Rim Cayman Islands vs Republic of El Salvador, que le ha costado al gobierno de El Salvador más de  12 millones de dólares sólo por este juicio.

http://alainet.org/active/80823&lang=es
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Negociación entre países desarrollados y no desarrollados en relación a la Propiedad Intelectual

6 February, 2015 - 20:34
Javier Echaide es miembro comisionado de la Comisión de Auditoría Integral de Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) de Argentina. Él hace un análisis de cómo se negocia la propiedad intelectual en organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en tratados bilaterales de inversión y en otros instrumentos internacionales.

El tema de la propiedad intelectual es importante hoy en día porque no solamente es donde se centra la cuestión de la generación del conocimiento, sino también de donde los países desarrollados se agarran para producir mayor cantidad de riquezas.

Hoy en día, en organizaciones como la OMC, o en tratados bilaterales como son los de Libre Comercio o los de Protección de Inversiones, tratan de asegurar, reservar o garantizar la propiedad intelectual para los países desarrollados. La razón de ello es que principalmente son los que tienen las patentes, los que registran los descubrimientos o las invenciones que realizan y los que tienen -sobre todo- la mayor capacidad de generar esas inversiones.

Estas condiciones, estas reglas de juego lo que hacen hasta el momento es garantizar el statu quo. Los desarrollados se quedan así y los en vías de desarrollo también. Nuestros países van a estar condenados a exportar materias primas sin desarrollarse, sin generar polos de industrialización o de conocimiento o de sofisticación de su propia producción. Y en ese sentido, siempre vamos a estar rezagados recibiendo tecnología atrasada, poco know how, poca distribución del conocimiento a nivel global.

Los países desarrollados necesitan de la riqueza cultural y natural con que han sido beneficiados la mayoría de países en desarrollo. En ese sentido, la propiedad intelectual es estratégica en tanto se puede vincular con montón de temas, no solamente la denominación de los productos, como son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, sino también cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad de una zona.

Todo esto está en pugna dentro de lo que es la OMC, en lo que se conoce como la Ronda de Doha o la Ronda para el desarrollo. La Ronda de Doha es históricamente la Ronda más larga en la historia de las negociaciones en el ámbito del libre comercio a nivel global. Arrancó en el 2001 y todavía no ha terminado. ¿Y por qué no ha terminado? Precisamente por el enfrentamiento que hay o la falta de consensos entre las distintas delegaciones de los distintos países, precisamente sobre qué temas hay que profundizar y qué temas hay que tratar de resguardar para la soberanía de los países.

Lo que los países desarrollados negocian y firman con los países en desarrollo, legalmente lo hacen en términos de reciprocidad, pero en los hechos ya existe una ventaja, una brecha entre unos y otros.

La cuestión de la propiedad intelectual está relacionada precisamente a esta brecha. Los países desarrollados son los que tienen las patentes, los que tienen los centros del conocimiento, las empresas para poder invertir sobre esos sectores, y los países en desarrollo son los que tienen conocimientos ancestrales, biodiversidad, recursos naturales en donde se pueden extraer todavía nuevas patentes y nuevas denominaciones.

Ahora, la puja se en que los países en desarrollo, desde hace ya varios años, están tratando de reservarse para sí ciertos cuidados sobre lo que es la biodiversidad, en todos los aspectos que tienen que ver con la propiedad intelectual. En el pasado, cuando se empezaron a negociar este tipo de tratados, los países en desarrollo, quizás por desconocimiento o por entrega, no pensaron que podían llegar a dar tanto de su propio patrimonio soberano. Sobre esta brecha, los países en desarrollo y las comunidades y la ciudadanía de esos países ya están empezando a interiorizarse mucho más y empiezan a tener mejor poder de negociación.

Yo creo que han mejorado las condiciones por distintas cuestiones. Hay factores que se han mejorado desde dentro de las negociaciones y también factores que se han mejorado desde fuera. Desde dentro, los Estados han empezado a tener mayor recelo de su propio conocimiento. En ese sentido están mejorando su posición de negociadores. Ya saben cómo cuidarse, ya saben qué tipo de estrategias los países desarrollados han llevado a cabo, ya saben de qué se trata este tipo de acuerdos, este tipo de organizaciones a nivel internacional y entonces se cuidan mucho más.

Desde fuera, esto también empieza lentamente a ser conocimiento de la ciudadanía en general. La ciudadanía está mucho más alertada, y le interesa. Entonces, todas estas estrategias de libre cambio, de libre flujo de capitales, que han sido garantía para desarrollar a los grandes monopolios empresariales a nivel global, lo que han causado es que las comunidades empiecen a interiorizarse, y eso también conforma un entramado social que es muy distinto a lo de hace 30 o 40 años atrás, en donde la ciudadanía estaba totalmente apartada de estos temas.

Enlace para ver esta noticia: Negociación entre países desarrollados y no desarrollados en relación a la Propiedad Intelectual o, mismo, en el video que se postea aquí abajo.
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